Entre los diferentes trabajos que realizan los Estados de América Latina y El Caribe para afrontar la nueva estructura económica mundial basada en la Digitalización, el desarrollo del e-gobierno se torna una herramienta fundamental. Allí los datos abiertos conforman una política necesaria para afrontar estos desafíos.
Este camino hacia la consolidación de la transformación digital en las instituciones públicas es la que lleva adelante el gobierno de Uruguay por medio de su estrategia de Estado Abierto. Esta política considera a los datos como un activo fundamental de las organizaciones y que es necesario trabajar para lograr que aquella información pública se ponga a disposición de ciudadanía en un formato abierto.
De esta manera, durante el primer semestre de 2002, diferentes organismos aumentaron la cantidad de datos públicos para la población. Entre ellos el Ministerio de Salud Pública, la de energía nacional Ancap, la Intendencia de Montevideo, el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), el Parlamento, la fiscalía general de la Nación, el Correo Uruguayo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Así, en el caso de la información de Salud, el Ministerio de esa cartera hizo públicos los datos sobre la vacunación en relación a la pandemia del Covid-19. Mientras que el sistema judicial también aportó su apertura por medio de la Fiscalía General de la Nación que publicó información sobre personas imputadas y condenadas cuya primera audiencia de formalización tuvo lugar a partir del 01/02/2019.
Por su parte, sobre temas ambientales, Ancap sumó información sobre temperaturas del agua, velocidad de vientos, temperatura del aire y humedad, que permiten realizar análisis vinculados al cambio climático. Mientras, la Intendencia de Montevideo publicó datos de lluvia de Montevideo provenientes de los sensores de la Red Meteorológica de Montevideo (RMM). Mientras que el SINAE, dentro de su plan de apertura de datos de eventos climáticos, incorpora información sobre incendios, publicando datos de los focos de incendio y de áreas afectadas por incendios forestales.
Por otra parte, en lo que refiere a los datos de servicios el Ministerio de transporte y obras públicas puso a disposición del público los datos y recorridos de ómnibus suburbanos, los horarios de los servicios de transporte de pasajeros por carreteras interdepartamentales e internacionales. En tanto el Correo Uruguayo publicó los destinos internacionales habilitados para el envío de cartas simples, certificadas, encomiendas y los tiempos de entrega en destino. Esta institución también publicó las emisiones postales discriminadas por tema y año; y el Plan anual de filatelia. En los sellos es representada la historia de un país o de una región, a través de imágenes de sus héroes nacionales, artistas, músicos, deportistas y científicos.
Otro de los organismos que abrió sus datos fue el Parlamento, que publicó información sobre su actividad, incluyendo todas las actividades del Plenario y de las Comisiones, realizadas desde el año 1993 hasta la fecha. De esta manera los ciudadanos pueden consultar las diferentes actividades que llevó adelante el poder legislativo.
El objetivo de contar con estos datos abiertos es promover el derecho al acceso a la información pública para impulsar la ciencia basada en datos, así como para facilitar el desarrollo de nuevas soluciones a los problemas públicos. También agiliza el monitoreo de las diferentes políticas públicas. Para ello el Catálogo Nacional de Datos Abiertos se presenta como una herramienta que facilita el acceso de forma centralizada a los datos abiertos, presentándolos de manera ordenada por categorías, organizaciones y etiquetas, entre otras opciones.
Sin embargo, para que una mayor porción de la población pueda acceder a estos datos la política debe estar acompañada por otras que permitan el acceso a banda ancha. Particularmente a servicios como 5G, o LTE, que por sus características posibilitan el acceso en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Para llegar a este objetivo es importante que las autoridades aumenten el acceso al espectro radioeléctrico a los operadores, así como que generen una agenda con futuras licitaciones que les permita planificar le tendido de sus redes.