En su edición 2016 del reporte Trends in Telecommunication Reform de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se expone que el surgimiento de aplicaciones y “Servicios M”. Este concepto designa el uso del entorno móvil (redes, aplicaciones y dispositivos) por actores públicos o privados para conseguir un objetivo, generalmente relacionado a metas de desarrollo social como salud, educación y agricultura.
El uso de “Servicios M” puede ayudar a la difusión y el acceso de este tipo de servicios aprovechando la difusión de las tecnologías móviles y las políticas de los reguladores de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que contemplan el aprovechamiento del entorno móvil. Los “Servicios M” o M-Services y las aplicaciones o apps no son sinónimos, ya que se pueden diseñar distintas aplicaciones para aprovechar la infraestructura digital para soportar, por ejemplo, servicios de salud móvil.
La movilidad es un componente clave del entorno digital actual y las aplicaciones o apps tienen el potencial de ser vehículos de nuevos servicios a más personas. Sin embargo, no existe una sola manera de captar estos beneficios ya que cada país difiere en cuanto a necesidades y objetivos de política pública.
Los servicios móviles o “Servicios M” tocan áreas que van desde la agricultura hasta la educación, por lo que difícilmente las agencias reguladoras de TIC concentran todos los conocimientos y facultades para impulsarlos unilateralmente. En este sentido, la “nueva normalidad” consiste en la cooperación entre agencias y con una mayor variedad de actores dentro y fuera del gobierno si se quiere desarrollar una estrategia para propiciar el crecimiento de estos servicios.
Existen iniciativas de política pública que brindan servicios al público de manera convencional en ciertos establecimientos, como banca, servicios gubernamentales, educación y salud, pero con el avance en la disponibilidad de tecnologías han avanzado iniciativas no sólo para “digitalizarlos”, sino para adaptarlos a la movilidad. La intención de esta corriente es llevar estos servicios a comunidades en donde no existen establecimientos físicos en los que tradicionalmente se brindan estos servicios. Por esta razón el acceso a Internet desde plataformas móviles es una oportunidad para extender el alcance de estos servicios.
El fomento a los “Servicios M” requiere de distintas etapas. En principio los programas nacionales de banda ancha deben contemplar medidas para difundir la conectividad, es decir, reducir la brecha del acceso a Internet. Para esto es necesario incluir las soluciones tecnológicas móviles como es el acceso a tabletas o smartphones, pero también capacitar en el rubro de las “capacidades digitales”, habilidades para comprender y utilizar este nuevo entorno de aplicaciones.
El reporte de la UIT considera que los desarrolladores no gubernamentales de “Servicios M” deben ser incluidos en esta red de actores, pues para que puedan llevar a cabo nuevos proyectos requieren de orientación sobre cómo materializar los servicios en cumplimiento de leyes y reglamentos. Por lo tanto, el compromiso con la inclusión digital debe incluir a beneficiarios y potenciales desarrolladores de servicios móviles para metas de desarrollo social.
Incubar estos nuevos servicios puede ser una tarea que escape a los reguladores TIC en cuanto a jurisdicción y conocimiento si se toma en cuenta la variedad de “Servicios M”. Esto requerirá conocimientos fuera de regulación económica y tecnológica, lo que conduce a la cooperación entre agencias como un elemento central del fomento a los servicios móviles para el desarrollo social.
Las regulaciones difícilmente pueden anticipar los cambios tecnológicos, por lo que también es necesario ejercer acción al marco jurídico de las TIC. Pero esto debe contemplar la cooperación entre agencias mencionadas por la UIT, ya que más que cambios puntuales a leyes, se requiere un “cambio de paradigma” que reconozca el potencial de cambio que ofrecen las tecnologías digitales a lo largo de varias áreas.
De acuerdo con el reporte, esto lleva a revisar primeramente el régimen de licencias. Si bien en algunos países de latinoamericanos se han adoptado licencias únicas para servicios de telecomunicaciones o concesiones de espectro que tecnológicamente neutras, todavía hay casos en los que los esquemas son más rígidos y se solicita una concesión para cada servicio, o se expiden títulos para utilizar el espectro con una tecnología específica.
Esta última rigidez no es ideal para fomentar los “Servicios M”, pues si la operación de los mismos depende de obtener, por ejemplo, una concesión para pagos, salud o educación móvil, se reducirán los incentivos para el surgimiento de nuevas aplicaciones. En este sentido, para los “Servicios M” se requiere una reglamentación que permita el surgimiento de estos proyectos con menos barreras de entrada, pero manteniendo reglamentación que garantice la calidad, apego a la ley y beneficio a los usuarios finales.
A su vez, esto promoverá en el largo plazo la competencia en “Servicios M” en áreas que tocan al desarrollo social, lo que abre la puerta a los beneficios de la mejora continua en un entorno competido. Acompañar el desarrollo de estos nuevos servicios móviles requiere identificar oportunidades y tratarlas caso por caso para identificar la red de actores necesaria para su desarrollo y las acciones necesarias desde la esfera pública.
En otras palabras, si se presenta la oportunidad de desarrollar una nueva aplicación para pagos móviles o inclusión bancaria, un regulador TIC no siempre podrá tener toda la información para desarrollarlo. Esto requerirá, por ejemplo, colaborar con las autoridades en materia bancaria y fiscal del gobierno, determinar si existen impedimentos jurídicos para el “Servicio M”, evaluar si es posible realizar cambios a regulación y política, o si se requieren acciones de otros cuerpos gubernamentales con jurisdicción sobre la materia.
Ante las nuevas posibilidades generadas por la movilidad, el rol del regulador TIC es identificar las oportunidades para nuevos servicios orientados al desarrollo social materializados por la tecnología, pero también las brechas al interior del marco legal. Como consecuencia, las acciones de estas agencias requerirán cada día más cooperación con una red de actores más diversa para adecuar el entorno institucional a los cambios tecnológicos que están en puerta.