Por Guillermo Hurtado.- El continuo desarrollo de las tecnologías de banda ancha móvil y la creciente adopción de teléfonos inteligentes en América Latina, y a nivel global, está resultando en un importante aumento en el volumen de tráfico de datos móviles, lo que a su vez está ejerciendo una presión considerable sobre la infraestructura actualmente desplegada por los operadores móviles.
La reutilización del espectro asignado logrado a través de la densificación de la red, esto es desplegar nuevas antenas y torres móvil celulares, es una estrategia efectiva para responder a este aumento de la demanda de datos móviles. Sin embargo, los operadores móviles en América Latina aún enfrentan una serie de obstáculos importantes que inhiben su potencial para modificar o desplegar nueva infraestructura móvil, incluyendo antenas y torres celulares. Entre las mayores trabas se encuentran la obtención de permisos y aprobaciones a nivel municipal, y el rechazo por parte de las comunidades.
En América Latina, los proyectos para el despliegue de nuevas torres celulares a menudo se retrasan o son rechazados debido a complejos y lentos permisos a nivel municipal, así como debido a la fragmentación de las leyes que rigen la construcción y/o instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Adicionalmente, la proliferación de torres celulares en los últimos años ha generado una gran oposición por parte de la comunidad y algunos grupos de intereses especiales, que a menudo invocan preocupaciones relacionadas a la salud y/o estética urbana.
La urgencia de los operadores móviles por adquirir nuevos sitios y desplegar nuevas torres se agrava aún más como resultado de los requisitos de cobertura impuestos por algunos gobiernos centrales sobre las licencias de espectro recientemente adjudicadas. Estos requisitos de cobertura indican una desconexión entre lo que el gobierno central exige lograr a los operadores móviles en términos de cobertura de servicios, y las trabas colocadas por las municipalidad para el despliegue de nueva infraestructura.
Reconociendo que el despliegue infraestructura de telecomunicaciones a gran escala es clave para acelerar el desarrollo económico y social de un país, varios gobiernos centrales de la región han recientemente impulsado políticas y esfuerzos para facilitar y acelerar el despliegue de este tipo de infraestructura. La mayor parte de las políticas y medidas regulatorias se han centrado en la simplificación de los procesos administrativos y la eliminación de obstáculos innecesarios que ralenticen el ritmo de expansión de infraestructura móvil celular.
Por ejemplo, en junio de 2015, después de casi dos años de discusión en el senado, el gobierno brasileño aprobó la Ley Federal 13.116, también conocida como Ley de Antenas. Su principal objetivo es estandarizar, simplificar y acelerar los procedimientos y criterios para la concesión de permisos por parte de los órganos competentes. Adicionalmente, en abril de 2015, el gobierno peruano modificó la Ley de 2007 para la Ampliación de la Infraestructura de Telecomunicaciones (Ley 29.022), con la aprobación de la Ley 30.228. La nueva ley busca agilizar el proceso de permisos para el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.
Las primeras reacciones de la industria a estos cambios no han sido totalmente positivas, principalmente debido a una larga historia de falta de aplicación de las leyes y debido a los niveles de autonomía que las municipalidades han mostradas en el pasado.
Un punto en el que lo operadores móviles y de torres en la región concuerdan, es que los gobiernos centrales y los reguladores deben impulsar, en coordinación con instituciones de salud acreditadas y los distintos actores de la industria móvil, programas de alcance comunitario con el objetivo de educar a la población sobre los beneficios de una mayor densidad de antenas y de una mejor calidad del servicio móvil. Estos programas también deben buscar desmontar conceptos erróneos y creencias mal fundadas en torno a los efectos en la salud a largo plazo causados por las antenas y torres celulares.
Tales programas tienen el potencial de crear un entorno propicio para las comunidades, exigir a las autoridades locales la eliminación de obstáculos que retrasen el despliegue oportuno de infraestructura móvil que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Hasta el momento, esfuerzos liderados por los gobiernos en este aspecto no han sido suficientes y necesitan ser fortalecidos.
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Guillermo Hurtado es un analista senior para el mercado de telecomunicaciones de la región de América Latina. Guillermo se enfoca en llevar a cabo análisis de tamaño de mercado y participación de mercado, así como en generar pronósticos del segmento móvil para los mercados de la región Andina: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.