La mayoría de los países de América latina iniciaron diferentes programas centrados en aumentar el alcance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la población. El objetivo de cerrar la brecha digital se mueve por diferentes caminos, aunque suele tener en común la colaboración multisectorial para alcanzar sus objetivos.
En México, el Gobierno de la República desplegó la Estrategia Digital Nacional (EDN), de la que participan las Secretarías de la Función Pública (SFP), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y PROSPERA Programa de Inclusión Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Para ello ambas dependencias rubricaron las bases de colaboración que permitirán formalizar una alianza para el desarrollo de Proyectos de Inclusión Digital dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Según estipula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México viven 55,3 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 51,5% son mujeres. Considerando esas cifras, se decidió que este segmento sea el primero de los beneficiados con Proyectos de Inclusión Digital. Es decir que las mujeres que viven en situación de pobreza serán las primeras en formar parte de este programa piloto.
Esta prueba piloto se centrará en buscar el desarrollo de habilidades digitales y de manejo de finanzas personales. Para ello se realizará un curso al que las beneficiarias de PROSPERA, que tendrá lugar a lo largo de un año en el Punto México Conectado (PMC). Durante el despliegue de estos cursos las mujeres podrán acceder al uso del Internet y a contenidos digitales de alto valor para sus hogares.
Un PMC es parte de una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital. En total existen 32 puntos, uno cada Estado en México. En ellos cualquier persona puede acceder a nuevas tecnologías, aprender cómo utilizarlas, desarrollar su creatividad con ellas y desplegar proyectos. El objetivo es potenciar la innovación a partir de la conectividad con las TIC.
El despliegue de este tipo de proyectos conforma un importante avance en la búsqueda de la inclusión digital. La segmentación en la población femenina de menores ingresos es también una medida acertada, ya que apuntala a un grupo poblacional que suele tener mayores dificultades de acceso a este tipo de tecnologías.
Por otra parte, cobra importancia desde el punto de vista de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos el despliegue de un proyecto que les bride herramientas para sacar provecho del uso de las TIC. En otras palabras, los esfuerzos del gobierno por capacitar en el uso de las TIC a sectores en condiciones de vulnerabilidad económica conforman una medida que tiene a mejorar sus vidas.
La posibilidad de utilizar las TIC de manera productiva mejora la posición de las personas dentro del sistema laboral. Incluso en aquellos usuarios autónomos, la capacitación en nuevas tecnologías podría mejorar sus condiciones en el mercado permitiendo aprovechar de mejor manera las opciones que brindas otros organismos del Estados, como aplicaciones de agricultura, educación e incluso de salud.
En ese sentido, el programa es una oportunidad para aprovechar de mejor manera la adopción de las TIC en términos productivos. En otras palabras, la orientación de la población en la utilización de las nuevas tecnologías en cuestiones asociadas al desarrollo es una iniciativa por demás positiva desde el punto de vista del propio gobierno.
Sin embargo, es importante que este tipo de programas contemple la conectividad de estos habitantes. En otras palabras, una vez finalizado los cursos es fundamental que estos habitantes tengan la opción de mantenerse conectados y así poder aplicar su aprendizaje en su vida cotidiana. En ese sentido, son muy necesarias las políticas centradas en la conectividad y el aumento de cobertura de servicios de banda ancha, en particular inalámbrica y móvil.
Para esto, es importante que se considere la disponibilidad de espectro radioeléctrico destinado a la banda ancha inalámbrica. De esa manera, se concede a la industria un bien indispensable para desplegar nuevas tecnologías de acceso que posibiliten la conectividad de la población. Del mismo modo se debe considerar la reducción de trabas burocráticas para reducir los tiempos de despliegue de redes, así como una baja en la carga impositiva en los terminales de acceso, ya que una mayor asequibilidad posibilitaría el acceso a usuarios en situaciones económicas más vulnerables.
Este tipo de políticas conforman un paso adelante en la búsqueda de conectividad de los habitantes, que se transforma en una alternativa válida para el despliegue de este tipo de proyectos que están destinados a la reducción de la brecha digital. Desde la visión del propio gobierno mexicano, estas iniciativas representan una gran oportunidad para reducir la pobreza e impulsar mejores condiciones de desarrollo para las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente para las mujeres.