Entre los objetivos de las políticas educativas en Latinoamérica está promover condiciones más equitativas en el acceso al conocimiento, primero con la integración de la población a la educación básica y luego con la mejora en la calidad educativa, aspecto que involucra a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para reforzar las prácticas pedagógicas.
Sin embargo permanece en la región una deuda con este último aspecto en el que persiste una brecha no sólo de acceso sino de alfabetización digital en el alumnado y en los docentes, quienes son esenciales para transformar el espacio educativo.
En un artículo “Las Políticas TIC en la Educación de América Latina. Una oportunidad para saldar deudas pendientes” publicado recientemente en la publicación académica académica “Archivos de Ciencias de la Educación” de la Universidad Nacional de La Plata las investigadoras del Instituto Internacional de Planteamiento Educativo (IIPE UNESCO), María Teresa Lugo y Andrea Brito destacaron que en América Latina continúan desigualdades socioeconómicas y tecnológicas. De acuerdo con datos de la CEPAL citados en el documento, el 10% de la población más rica en la región concentra el 32% de los ingresos y el 40% más pobre tan sólo el 15%. La brecha del ingreso también condiciona el acceso a la tecnología.
“En efecto, los niños y niñas que ingresan al sistema educativo ya afectados por desigualdades sociales y económicas, se incorporan a una oferta diferenciada que define condiciones desiguales en el proceso de acceso al conocimiento”, indica el estudio.
Los Estudios Regionales Comparativos y Explicativos de la UNESCO brindan indicadores sobre la calidad educativa mediante pruebas aplicadas a los alumnos de escuelas primarias en 15 países de la región sobre conocimientos de lenguaje, ciencias y matemáticas. El tercer estudio (TERCE) de 2013 reveló que uno de cada dos alumnos se ubicaba en las categorías de puntaje más bajo. Comparado con el segundo estudio de este tipo (SERCE) de 2006. Si bien esta proporción se redujo ligeramente, aún queda tarea por hacer regionalmente.
Las TIC se conciben como un factor importante en políticas públicas proactivas en educación pues buscan tanto la transformación del espacio educativo como la inclusión digital.
Regionalmente es notoria la influencia del modelo “uno a uno” centrado en el acceso: un equipo por alumno y uno por docente. Pero este esquema enfrenta el desafío de garantizar el acceso a los dispositivos que tradicionalmente han sido computadoras. En este aspecto, la transformación del entorno de dispositivos y la creciente orientación hacia la movilidad presentan una oportunidad para estos programas.
Las políticas de TIC en la educación pueden aprovechar una variedad de dispositivos que ya no está limitada a los ordenadores. Con la adopción de dispositivos móviles se tiene la oportunidad de gestionar el trabajo colaborativo, generar nuevos contenidos didácticos y promover un aprendizaje horizontal que a su vez redefina el papel del docente como facilitador de conocimiento.
Pero para poder aprovechar este nuevo ecosistema es fundamental brindar una condición mínima para estas políticas públicas: el acceso a Internet.
Debido a que la brecha del ingreso impacta a la “brecha digital”, gestionar conectividad para los planteles educativos puede convertirlos en centros de acceso a las TIC que no siempre están disponibles en los hogares del alumnado.
En Latinoamérica la conectividad por medios cableados tiene menor penetración, por lo que la banda ancha inalámbrica se presenta como una alternativa ideal para el corto plazo. Sin una conexión adecuada a Internet, una comunidad escolar no puede explorar nuevas experiencias pedagógicas y se limita su acceso al conocimiento.
“En este escenario, la banda ancha móvil representa una solución en tanto [se] ofrece una alternativa de mayor asequibilidad, especialmente para los sectores más vulnerables. Sin embargo, el alcance de la banda ancha móvil es todavía limitado en comparación con los países de mayor desarrollo –a lo que se debe agregar un mayor retraso en el tipo de red disponible- y, además, presenta una alta heterogeneidad”, menciona el artículo académico de Lugo y Brito. Entre los dispositivos y el acceso a redes de telecomunicaciones se logra establecer un “piso” de donde puedan partir políticas de TIC en la educación que busquen cambios institucionales, que es uno de los déficits del panorama educativo.
Esta deuda, sugiere el reporte, consiste en aprovechar la tecnología como un medio para realizar cambios a las prácticas educativas. Un componente esencial de estos planes es el rol del docente al considerarlo no sólo como capital humano que se puede capacitar, sino que se puede motivar para ser proactivo en la transformación de su entorno pedagógico con la ayuda de las TIC.
Estas políticas están orientadas al mediano y largo plazo, pues atienden necesidades sistémicas con acciones complejas como la transformación de prácticas hacia comunidades de aprendizaje y ambientes más colaborativos.
Este esquema tiene un reto dividido en dos fases. Primero está el desarrollo de contenidos en sintonía con el programa escolar y luego debe generar procesos que puedan ser evaluados. En otras palabras, el uso de las TIC debe ser relevante para el programa escolar y las nuevas prácticas de aprendizaje deben ser medibles a nivel individual y grupal.
Esta clase de enfoque puede generar sistemas educativos orientados hacia estructuras más equitativas y cambios institucionales. Ambos objetivos requieren que el docente esté en el centro de la estrategia y la ejecución de la misma.
En la región todavía se deben lograr las condiciones mínimas de conectividad con políticas públicas proactivas y que tomen en cuenta el desarrollo de las redes inalámbricas en la región, sobre todo las que presentan oportunidades para integrar movilidad. Sin este primer paso, las transformaciones deseables a nivel sistémico no tendrán los cimientos necesarios.