Iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone incluir revocación de concesiones en sanciones de incumplimientos relacionados a colaboración en materia de seguridad y justicia, como el bloqueo de señales celulares en centros penitenciarios.
BUENOS AIRES, 15 de enero de 2018.- La industria de telecomunicaciones móviles de América Latina ha colaborado con las diferentes jurisdicciones en acciones que tienen el objetivo de mejorar los índices de seguridad pública. Entre estas acciones figuran las medidas que proponen las autoridades para inhibir las comunicaciones en centros penitenciarios en apego a la ley de cada país, por medio de diversas alternativas que van desde la demonización de dispositivos hasta el uso de bloqueadores de señales inalámbricas.
En la actualidad, los operadores de red móvil en México acatan las obligaciones en materia de seguridad y justicia establecidas en el artículo 190 del Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El régimen de sanciones por incumplimiento de estas obligaciones se describe en el artículo 298 de la misma norma, que implica actualmente multas entre el 1,1 al 4 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5177-VI* prevé reformar el artículo 298 y agregar un capítulo de “sanciones en materia de seguridad y justicia” que mantiene la multa sobre ingresos, pero añade la revocación de concesiones o autorizaciones como una sanción aplicable por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
5G Americas considera que es necesario fomentar políticas públicas orientadas a la colaboración en materia de seguridad entre concesionarios y el Estado. La industria de telecomunicaciones no puede ser la única responsable en tareas de seguridad pública. El Estado debe estar a cargo de estas tareas y definir en colaboración con la industria las alternativas razonables para evitar que se sigan realizando comunicaciones con fines delictivos desde los centros penitenciarios.
En este sentido, es recomendable la utilización una serie de alternativas de forma conjunta, con el objetivo de minimizar la entrada ilegal de celulares a las penitenciarías y el uso de este tipo de dispositivos por parte de los reclusos. Es cierto que existen distintas soluciones tecnológicas para bloquear las radiocomunicaciones, pero cada una tiene puntos a favor y en contra**. Además, ninguna de ellas es inocua. Aunque pueden bloquear las señales en las áreas penitenciarias, se corre el riesgo de bloquear también las comunicaciones que deben cursarse sin interferencias desde estas ubicaciones o en zonas aledañas.
Es por esta razón que es necesaria la colaboración entre las autoridades de gobierno y los prestadores de servicios inalámbricos, pues el uso de bloqueadores de señal sin que se impacte negativamente al resto de la población o a las mismas autoridades de seguridad y/o administración de un penal depende de múltiples variables que van desde el material utilizado en la construcción de las paredes del edificio y el grosor de las mismas hasta la ubicación del bloqueador. Una mala calibración de este aparato puede dejar sin comunicación inalámbrica a los responsables de la seguridad del penal, lo cual sería contraproducente.
Asimismo, las diversas soluciones para inhibir las comunicaciones con fines delictivos en centros penitenciarios demuestran que, si bien pueden ser efectivas, también afectan gravemente los servicios de los usuarios que viven en los alrededores. Por esta razón es necesario resolver de manera colaborativa entre autoridades e industria los mecanismos para bloquear las comunicaciones ilegales. La industria puede ayudar a atenuar la comisión de estos actos, pero de ninguna forma puede ser la única responsable.
Los operadores invierten en la expansión de la cobertura de sus redes y también deben cumplir parámetros de calidad de servicio. Además, la licitación de la banda de 2,5 GHz de agosto de 2018 impuso nuevas obligaciones de cobertura a los operadores móviles que obtuvieron nuevo espectro. El incumplimiento de estas condiciones las puede hacer acreedoras de fuertes sanciones.
De esta manera, los operadores móviles quedan expuestos a una posición contradictoria: pueden ser sancionados en caso de que se concreten comunicaciones que atentan contra la seguridad y también si se afecta la calidad o continuidad del servicio de los usuarios.
5G Americas recomienda aumentar los espacios de colaboración entre Estado e industria, pues el endurecimiento en los términos que se propone genera incertidumbre para los concesionarios de red.
La iniciativa implica que los proveedores de telecomunicaciones pueden ser objeto de sanciones más duras por incumplir alguna de las 12 obligaciones que se describen en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es decir, la propuesta no ataca específicamente la obligación de bloqueo de comunicaciones en centros penitenciarios, que también se llevan a cabo desde accesos fijos.
Se deben reforzar acciones que impidan de origen acceso a dispositivos de comunicación en estos centros. Este tipo de comunicaciones no existirían si se lograra eliminar el acceso ilegal de teléfonos móviles a las prisiones. Por lo tanto, las autoridades deben atacar esta práctica de raíz o generar alternativas para minimizarla.
El refuerzo a la seguridad perimetral, la efectividad de las revisiones y la detección de los responsables de ese flujo de terminales deben ser los ejes centrales de nuevas políticas públicas contra las comunicaciones ilegales desde las cárceles.
Por otra parte, es necesario que la sociedad conozca sobre cómo se buscan realizar las extorsiones. Las autoridades deben mantener campañas de difusión masiva sobre cómo funcionan estos delitos y que incluyan consejos sobre cómo actuar en caso de recibir estas llamadas.
*Los contenidos y motivos de la iniciativa están disponible en la Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5177-VI, jueves 13 de diciembre de 2018 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181213-VI.html y http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Enero/04/0836-Delincuencia-realiza-alrededor-de-3.7-millones-de-llamadas-al-ano-desde-carceles-Preciado-Rodriguez
**Fuente: “Bloqueo de señales de servicios móviles en América Latina 2018”. White Paper. 5G Americas, agosto de 2018.