El potencial de las redes inalámbricas en las áreas rurales no se limita a reducir la brecha digital de acceso. Un acercamiento que combine la cobertura de banda ancha móvil con programas enfocados en el desarrollo social permite aprovechar dispositivos y aplicaciones para cerrar otras brechas como, por ejemplo, la inclusión financiera.
Un estudio de caso publicado recientemente por el académico César Rentería del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, aporta evidencia sobre cómo una aplicación de dinero electrónico permite por medio de dispositivos móviles acercar el sistema bancario a una población rural que típicamente no se encuentra bancarizada.
En su trabajo, Rentería analiza los resultados del “Proyecto de Pagos Móviles” llevado a cabo por Telecomunicaciones de México (Telecomm), un organismo público con facultades de ofrecer servicios de comunicaciones a poblaciones sin cobertura comerciales. La investigación revela que los hogares que participaron en el proyecto redujeron gastos principalmente en transporte público y que había evidencia –aunque no concluyente- de generación de ahorros en las cuentas bancarias habilitadas mediante el programa.
El proyecto se llevó a cabo en 2012 en cuatro comunidades rurales de la municipalidad de Santiago Nuyoó, en Oaxaca, uno de los estados de México con mayor porcentaje de su población viviendo en condiciones de pobreza. Estas localidades se ubican a 52 kilómetros de distancia de la zona urbana más cercana, Tlaxiaco, y a más de 200 kilómetros de la capital oaxaqueña. Es en este tipo de poblaciones de menos de 5.000 habitantes en el que habita el 25 por ciento de la población mexicana.
En síntesis, el programa de Telecomm ofrecía a la población adulta una suscripción móvil con un celular habilitado para llamar y enviar mensajes SMS dentro de una red local limitada a las cuatro comunidades. El servicio también habilitaba el uso de dinero móvil que permitía hacer movimientos de banca electrónica, pagos entre personas, remesas y recepción de transferencias gubernamentales. A cambio, los participantes pagaban una mensualidad de aproximadamente US$ 7,75 por la suscripción y tenían que abrir una cuenta de banco. Rentería explica que 8 de cada 10 habitantes respondieron a la convocatoria y que en estas comunidades el ingreso diario de los hogares era de US$ 9,51.
Los resultados indican que los hogares redujeron gastos en dos áreas principales: transporte público y comunicaciones. Los resultados muestran que la aplicación de banca móvil permitió a los habitantes reducir su dependencia en viajes a las ciudades y comunicaciones telefónicas cuando el propósito de estas actividades era obtener información. Y aunque el programa no midió la transferencia de recursos a gastos como prendas de vestir, la evidencia sugiere que gracias a la reducción de gastos los habitantes ahora podían ahorrar al menos US$ 5,19 al mes en la cuenta bancaria. Este ahorro mínimo de cerca de US$ 60 anuales no era posible anteriormente, lo que indica el impacto directo de la bancarización por medio de dispositivos móviles en mejorar las vidas de hogares de bajos ingresos.
El estudio concluye que la reducción en gastos de transporte y comunicaciones son indicios de que si el programa habilitara comunicaciones más allá de la red local, los habitantes hubieran tenido la oportunidad de tener un mayor ahorro. En otras palabras, si bien la aplicación de banca móvil permitía tener acceso a información sin trasladarse o llamar a zonas urbanas, estaba limitada al ámbito bancario y financiero. Por lo tanto, un escenario sin restricción a una red local y con acceso a Internet móvil podría tener un impacto más profundo en estas variables.
Este caso derivado del México rural aporta evidencia empírica sobre cómo las tecnologías móviles pueden ser un vehículo de soluciones de inclusión financiera en América Latina, región que de acuerdo al Global Findex (Índice Global de Inclusión Financiera) que publica el Banco Mundial, prácticamente la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria.
Las cifras de este organismo indican que a nivel global en 2014, el 62 por ciento de la población mayor a 15 años de edad tenía una cuenta bancaria, mientras que en 2011 esta proporción rondaba el 51 por ciento. En América Latina este indicador pasó del 39 al 51 por ciento en el mismo periodo de tiempo, por lo que aunque existe un avance, la región se encuentra por debajo del promedio mundial según el índice.
En la población rural esta brecha es mayor. En 2014, el Global Findex reportó que el 57 por ciento de la población adulta rural en el mundo estaba bancarizada, mientras que en América Latina sólo el 46 por ciento lo es.
En cambio, las conexiones móviles en América Latina muestran una mayor penetración. Por ejemplo, las cifras provistas a 4G Americas por Ovum indican que el 2015 cerrará con 722 millones de líneas móviles en la región y 7 mil 300 millones en el mundo, lo que en términos poblacionales representaría una penetración de 114 y 100 por ciento, respectivamente. Es decir, en América Latina se registran más accesos que personas y a nivel mundial se espera una paridad en 2015.
Y aunque más de la mitad de las conexiones en Latinoamérica corran sobre redes GSM o 2G, como se les comercializa, esto no implica una barrera para el uso de aplicaciones de dinero móvil, aunque el acceso a banda ancha móvil puede complementarlas acortando la brecha a la información de la población.
Así, la llegada de estas tecnologías a las poblaciones rurales brinda la oportunidad de usar soluciones o aplicaciones que tomen en cuenta sus condiciones específicas que pueden diferir de otras con más efectividad en ambientes urbanos. Los programas de dinero móvil pueden capitalizar la expansión de la conectividad inalámbrica en la región. El Global Findex muestra que a nivel mundial las cuentas bancarias “móviles” tienen una penetración cercana al 2 por ciento de la población rural a nivel mundial y en América Latina un 1,72 por ciento. En cambio, en África sub sahariana en donde los pagos móviles han tenido un mayor éxito la penetración dentro de la población rural es del 11,45 por ciento.
En suma, en la región hay todavía espacio para implementar soluciones y políticas públicas centradas en la tecnología como un elemento central para cerrar la brecha digital y de inclusión financiera. Si bien la población adopta incrementalmente los servicios móviles, se requiere de la colaboración entre la iniciativa privada y los gobiernos para permitir la expansión de servicios de acceso inalámbrico incluyendo la banda ancha, así como la configuración de marcos legales que permitan la prestación de soluciones de dinero móvil por más actores, incluso los operadores móviles, manteniendo las protecciones al ahorro y los derechos de los bancarizados.