“El decreto 539-20 tiene un poder increíble, porque marcó toda la política pública que está desplegando el Estado dominicano para atender la situación de transformación digital en la que está República Dominicana y que requiere acelerar las acciones, de forma tal que la población pueda acceder a los servicios digitales y hacer uso de la tecnología de manera productiva. Buscamos que el cierre de la brecha digital promueva el cierre de la brecha económica y social”, explicó Julissa Cruz, directora ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
En conversación con el vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas, José Otero, la titular del regulador aseguró que “el Plan Nacional de Banda Ancha es bastante ambicioso. Aspira a que República Dominicana dé un salto importante en términos de penetración de los servicios y de su uso productivo. El decreto declara como un derecho esencial el acceso a Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías. Para poder diseñar un plan bien estructurado, se establece que Indotel es el coordinador del proyecto con otras instituciones del Estado, como la Oficina Presidencial para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana —que tiene ya en operación la red troncal nacional de fibra óptica— el Viceministerio de Innovación y Tecnología del Ministerio de Administración Pública, y el Viceministerio de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, entre otros. La inversión estatal es importante para su ejecución, y estamos en proceso de negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que conllevará una inversión de 115 millones de dólares”.