Los diferentes mercados de América Latina y el Caribe buscan aumentar la digitalización de sus economías para poder competir en el nuevo escenario global. La posibilidad de contar con un marco legal adecuado que potencie el acceso a servicios de telecomunicaciones en los países es un paso muy importante para alcanzar esas metas.
En ese sentido, Cuba aprobó por medio del Consejo de Estado el Decreto-Ley de las Telecomunicaciones/TIC. La norma deja sentado que el uso del espectro radioeléctrico es un derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Reconoce que las TIC desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país.
Entre los objetivos del decreto están la informatización del país y la eficiente gestión del espectro radioeléctrico. Así como para poner a la conectividad, las telecomunicaciones y la tecnología en beneficio de la economía.
Si bien Cuba contaba con distintas normas que a lo largo de su historia conformaban un marco sobre el sector, no contaba con un instrumento jurídico superior que rigiera para las telecomunicaciones y TIC. Esta medida simplifica el contexto y permite al país contar con reglas más clara para el desarrollo del sector.
Así las cosas, al Decreto- Ley de las Telecomunicaciones/TIC y el uso del espectro radioeléctrico que será la norma vigente, se le sumará el Decreto que aprueba el Reglamento General de las Telecomunicaciones/TIC. El marco se termina de conforma con otras normas auxiliares como el Decreto sobre el Uso del Espectro Radioeléctrico, la Resolución que aprueba el Reglamento de Interconexión, Acceso e Instalaciones esenciales y la Resolución que establece las regulaciones para la transmisión y recepción, de los servicios de comunicaciones que utilizan satélites artificiales de la tierra.
Además, por medio del decreto se define el Servicio Universal de Telecomunicaciones/TIC como un conjunto de prestaciones que conforman un derecho para todos los usuarios finales sin importar su localización geográfica. Estos tienen que ofrecerse a un precio y con una determinada calidad de servicio. Dentro de ellos se contemplan: telefonía fija y móvil, acceso a Internet, radiodifusión sonora y televisión, acceso a cabinas de telefonía pública, acceso gratuito a llamadas de emergencia y socorro, aplicaciones preferenciales para personas con necesidades especiales.
El Estado cubano aparece como garante de que se presten los Servicios Universales en ese país, de acuerdo con lo que estipula el decreto. Estos servicios deben ser provistos por operadores y proveedores públicos que se ofrecen en el territorio nacional, a precios sin subsidios y con determinadas condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad.
La norma dictamina que el Estado cubano es el titular de los servicios públicos de telecomunicaciones y tiene la facultad de regular, ordenar, controlar y fiscalizar los diferentes servicios y redes de telecomunicaciones/TIC, así como otorgar el derecho a su explotación. En otras palabras, determina de manera formal lo que hasta el momento era una cuestión de hecho.
En lo que refiere al espectro radioeléctrico, la norma establece que pertenece al Estado quien es el encargado de rentarlo, y gestionarlo de forma centralizada. Además, debe garantizar un uso más eficiente y eficaz del mismo, sobre la base de una constante automatización de los procedimientos y herramientas de gestión e ingeniería de espectro.
La normativa es así un primer paso interesante que lleva adelante Cuba para avanzar hacia la digitalización de su economía. La generación de reglas claras es un primer paso para que la industria de telecomunicaciones y TIC pueda desarrollarse potenciando de esa forma otros segmentos verticales. De la misma forma, la norma es necesaria para que la industria pueda tener un desarrollo en lo que hace a nuevas tecnologías, impulsando servicios como LTE y 5G en el país.