La economía mundial avanza hacia una estructura donde los servicios digitales ganan día a día mayor participación. En este contexto, aumentar la digitalización de la sociedad se presenta como una oportunidad para potenciar el acceso a la nueva revolución digital que sucede a nivel mundial. Así las cosas, cobran importancia los proyectos que llevan adelante los gobiernos para implementar la Ciudadanía Digital.
En este marco, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y la Comunicación (AGETIC) de Bolivia realizó el Primer Encuentro entre Instituciones Públicas. Allí se analizó el rol de la Ciudadanía Digital para la implementación del Gobierno Electrónico.
A partir de la ciudadanía digital los habitantes podrán encarar los servicios públicos para interactuar con las entidades estatales y privadas que prestan servicios delegados por el gobierno. De esa manera tendrán la oportunidad de ejercer sus derechos y deberes a través del uso de las TIC.
La Ley 1080 de 11 de julio de 2018 es donde se enmarca el concepto de ciudadanía digital. Allí se refiere al ejercicio de derechos y deberes a través del uso de TIC en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado.
La norma habilita a los ciudadanos digitales a iniciar y gestionar trámites hasta su conclusión de acuerdo a normativa vigente. También pueden acceder a servicios de la administración pública y privada que presten servicios públicos; y formar parte de espacios de participación y control social y acceder a la información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa que rige dichas materias.
Para llevar adelante esta propuesta el Comité Interinstitucional de Ciudadanía Digital busca consolidar un espacio para revisar y proponer nuevos lineamientos que acompañen la implementación en las entidades públicas, garantizando, altos niveles de seguridad. También brindar al ciudadano la confianza para su uso como un medio de acceso a la comunicación e interacción con el gobierno.
El Comité está conformado por representantes del área técnica y legal de distintas instituciones. Participan el Ministerio de Presidencia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Contraloría General del Estado, entre otras.
La conectividad de los habitantes juega un rol fundamental en la creación de una ciudadanía digital. Por ese motivo cobra importancia los esfuerzos que pueden realizar las autoridades en lo que refiere a aumentar la penetración de banda ancha, y en particular la banda ancha móvil que por sus características posibilita el ingreso de una mayor cantidad de usuarios a este tipo de servicios.
Tecnologías como LTE, y en un futuro cercano 5G, permitirán que una mayor cantidad de pobladores puedan acceder a los beneficios de la ciudadanía digital. Por ese motivo es necesario que las autoridades bolivianas desplieguen estrategias para potenciar la adopción de estas tecnologías.
Entre esas políticas sobresale la mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico para servicios de banda ancha móvil. Es también necesario este bien se asigne a los diferentes operadores para su aprovechamiento. Por otra parte, y para que la industria cuente con mayor previsibilidad, es importante que exista una agenda de futuras licitaciones de espectro.
Por otra parte, es necesario que se reduzcan las cargas impositivas que existen sobre los dispositivos de acceso. Este tipo de medidas aumentan la adopción digital de los ciudadanos, ya que vuelve más asequibles a los terminales. En otras palabras, a menor carga impositiva, mayores son las oportunidades de inclusión digital.
Como se puede apreciar la iniciativa de ciudadanía digital brinda una mayor participación a los habitantes de Bolivia en cuestiones de gobierno. Sin embargo, deben estar acompañadas por estrategias que aumenten la conectividad en el mercado.