El avance las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) trae aparejado para los distintos gobiernos de América latina una serie de desafíos al momento de buscar cerrar la brecha digital. Entre ellos se destaca el buen uso de las tecnologías de forma tal que su aplicación no termine por dañar a la población o que sea usada entre los ciudadanos para causar delitos.

Con este objetivo, Bolivia trabaja en un proyecto de Ley de Prevención de la Violencia Digital. La iniciativa se compone de tres fases: la primera consta de la Elaboración del Diagnóstico Nacional; la segunda se compone de la Redacción colectiva de recomendaciones técnicas en el ámbito nacional e internacional; y por último la Elaboración y promulgación del proyecto de Ley.

Sobre la evidencia que arroje el diagnostico nacional se buscarán cuáles mejores prácticas de nivel internacional que apliquen a las necesidades del país. Para ello se desarrollará un sistema multisectorial de previsión de la violencia digital, del que participaran entre otros el gobierno de Bolivia y la Fundación REDES.  Ambas entidades proyectan realizar un Sistema Nacional Integral Trans sectorial de prevención de la violencia digital”, que tendrá como objetivo crear estándares multisectoriales de prevención y atención de la Violencia Digital.

La iniciativa busca incluir en el Sistema al sector público, por medio de instituciones, autoridades y diversos funcionarios. También al sector privado, por medio de proveedores de telecomunicaciones, proveedores de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) y desarrolladores. Así como tendrá un lugar para la Sociedad Civil y las comunidades aborígenes. Esta conformación multisectorial cuenta con la posibilidad de ser replicada en otros países de América Latina.

Parte del trabajo de diagnóstico se llevó adelante entre mayo y noviembre de 2015. Allí un equipo técnico de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Senadores y de la Fundación REDES analizaron 200 casos de violencia digital reportados tanto en la prensa internacional como en la nacional.

La violencia digital, que se produce cuando una persona u organización, público o privada, utiliza la información digital para hacerle daño a otra persona, se produce a diario a nivel mundial. De esta manera se vulneran los derechos humanos dentro del entorno virtual, generando impactos negativos a nivel  individual y colectivo; local, nacional, transnacional y global.

Para evitar este tipo de inconvenientes, las autoridades de Bolivia trabajan en un marco normativo que pueda defender a los ciudadanos dentro del entorno virtual, del posible daño causado, a partir de la manipulación de su información y sus herramientas tecnológicas. Evitando de esa forma el mal uso de las TIC y la información que existen de manera digital de los habitantes de ese país.

Esta iniciativa es interesante en tanto contempla los peligros a los que están expuestos los ciudadanos en el mundo digital. Asimismo, crea un marco de contención para el trabajo y el desarrollo de emprendimientos dentro de la economía digital. Sin embargo, debe estar acompañado por otras iniciativas que busquen aumentar la conectividad en el mercado.

La posibilidad de cerrar la brecha digital permite una evolución dentro de la economía del país, permitiendo ingresar a los nuevos procesos productivos a nivel global. Para alcanzar este objetivo es importante que las autoridades estimulen la conectividad en el mercado, en particular con tecnologías de banda ancha inalámbrica. Tecnologías como LTE, y en un futuro cercano 5G, permitirán alcanzar grandes porciones de la población de una forma rápida y eficiente, ofreciendo acceso de banda ancha de alta velocidad y robusto.

Para llevar adelante este tipo de desarrollo es importante que las autoridades locales faciliten a la industria de telecomunicaciones inalámbrica el acceso a espectro radioeléctrico de forma equitativa. Es también necesario que exista una agenda de futuras licitaciones de espectro que permita a los operadores planificar de manera eficiente los futuros desarrollos de tecnología.

En el mismo sentido, cobra importancia la reducción de las trabas burocráticas que pesan sobre el tendido de redes de telecomunicaciones. Contar con una regulación de alcance nacional que simplifique los permisos y autorizaciones requeridos es de suma importancia para reducir los tiempos de despliegue de redes y poder llevar acceso a la población de forma más rápida y eficiente.

Por otra parte es también necesario que se reduzcan las cargas impositivas que pesan sobre el sector de telecomunicaciones. Tanto en lo que refiere a los componentes de redes, permitiendo a los operadores desplegar de forma más económica nuevas tecnologías. Por su parte, una baja impositiva para los terminales de acceso posibilita que estos sean más asequibles, situación que permite aumentar su penetración entre la población.

La iniciativa de una normativa que busque defender los derechos digitales de los habitantes es positiva para el desarrollo de Bolivia. Sin embargo, debe estar acompañada por mayores esfuerzos en aumentar la conectividad del mercado en busca de reducir la brecha digital y aumentar las oportunidades de crecimiento de los ciudadanos.