Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una herramienta fundamental para mejorar a los gobiernos. Su inclusión en diferentes procesos permite mejorar aspectos como la relación con los ciudadanos, tiempos administrativos, la transparencia, además de que se genera valor en varios aspectos a cargo de las administraciones públicas.

En Panamá, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) busca  utilizar la tecnología para recuperar y manejar una serie de documentos históricos que pertenecen a la dependencia de Archivos Nacionales. Así se establecerá una  clasificación de los documentos digitales en un gestor documental para el Estado.

Entre otros documentos, se incluyen algunos que poseen un gran valor patrimonial para el país, ya que constituyen el registro de la memoria de la Nación. Estos contarán con procesos científicos y tecnológicos que se aplican para la conservación de documentación de distintos acontecimientos históricos- culturales del país. De esa manera se busca  garantizar su integración física y las condiciones óptimas de preservación y reducción del deterioro.

El Archivo Nacional de Panamá se creó en diciembre de 1912. En la actualidad posee los siguientes departamentos: Fondos Documentales, Acervos Gráficos, Descripción y Digitalización de Fondos Documentales y un laboratorio de Conservación.

En él se custodian documentos originales de diversas épocas como: El expediente de Alcabala, que trata sobre el pago de impuesto a la Corona Española del año 1572; el Tratado de Paz de Wisconsin, entre los Conservadores y Liberales (Partidos Políticos de Colombia), el 21 de noviembre de 1902 y el Incidente de la Tajada de Sandía, suceso del 15 de abril de 1856.

La digitalización de los documentos es una iniciativa importante llevada adelante por al AIG, ya que le permite acceder a los documentos de manera digital, volviendo más simple su consulta por toda la población. Asimismo, resguarda para el futuro los documentos que forman parte del patrimonio nacional ante cualquier eventualidad o desastre natural que pudiera causar algún daño en ellos.

Los proyectos que busquen avanzar en el e-gobierno son importantes de cara a la modernización de los diferentes Estados. Entre otros beneficios su implementación posibilita acercar a la población a las autoridades y mejorar la relación entre ambos. Asimismo, suelen ser importantes para mejorar la atención y trámites que deben realizar los habitantes, así como también para administrar de manera más efectiva los recursos con los que cuenta cada dependencia.

De la misma manera, el e-gobierno es importante al momento de buscar mayor transparencia de parte de las autoridades. La posibilidad de brindar a la población de manera instantánea las decisiones del gobierno y darle seguimiento por medio de la web a los distintos proyectos es también un activo importante que garantiza la gobernabilidad.

Para que estas iniciativas evolucionen de manera positiva es necesario que se crean las condiciones para que mejore la conectividad en el mercado y, en consecuencia, los beneficios lleguen a una mayor cantidad de la población. La implementación de banda ancha inalámbrica cobra importancia, ya que genera mayores oportunidades para aumentar la conectividad de los habitantes que viven alejados de los grandes centros urbanos o en zonas rurales. En ese escenario, LTE se ofrece como una alternativa de acceso, debido a su capacidad de transmitir datos a alta velocidad.

El despliegue de la tecnología necesita, además de las obvias inversiones de la industria, que se generen condiciones propicias de parte de las autoridades. En ese sentido, la disponibilidad de espectro radioeléctrico, así como la flexibilización de la burocracia necesaria para desplegar redes de telecomunicaciones y la reducción de la carga impositiva sobre los complementos que conforman la infraestructura, son necesarias para potenciar el acceso en la población.

En resumen, los planes de la AGI son necesarios para mantener el estado de la documentación histórica de Panamá. Aunque estos deben estar apuntalados por políticas que incentiven la conectividad, para así mejorar el alcance de estas iniciativas e incluir a la mayor cantidad de habitantes posibles.